Jueves 28 de mayo de 2026
La referente Dolores Apraiz expuso el impacto de los cambios salariales y alertó que el sector sufrió fuertes recortes en sus haberes. Exigen la apertura de una mesa de trabajo institucional y abierta.
9 DE JULIO – El colectivo de Jubilados y Pensionados Municipales Autoconvocados de 9 de Julio hizo uso de la Banca Ciudadana en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para visibilizar la dramática realidad económica que atraviesa el sector. Durante la sesión, la referente Dolores Apraiz fue una de las encargadas de exponer ante los concejales los detalles de un duro informe que pone el foco en el deterioro de sus haberes y las polémicas decisiones salariales de la gestión local.
También hablaron Teresita Bordone, Diana Chiesa, Adriana Segovia, Isabel Salomone.
Un espacio democrático para hacer oír el reclamo
Previo al inicio de la jornada legislativa, Apraiz destacó a INFONUEVEDG la importancia de la Banca Ciudadana como un canal clave para la comunidad.
"Vamos a hacer uso como jubilados y pensionados municipales autoconvocados de la Banca Ciudadana, que es un espacio democrático que tiene el Concejo Deliberante", explicó la referente.
El motivo de la presentación comunitaria estuvo estrictamente ligado a las sucesivas variaciones en la Mesa del Salario local, cuyas decisiones impactan directamente en la clase pasiva. "El motivo está ligado a la problemática que venimos sufriendo debido a las diferentes, diversas y cambiantes situaciones con respecto al establecimiento de las pautas salariales de nuestros compañeros activos, que impactan directamente en nuestra realidad", enfatizó Apraiz.
El impacto de los bonos y el desfinanciamiento
La principal crítica del colectivo radica en la política municipal de otorgar aumentos mediante sumas fijas no remunerativas ("bonos"). Al no incorporarse de manera inmediata a los salarios básicos de los trabajadores activos, estos montos no generan los aportes correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que termina desfinanciando la caja y congelando las jubilaciones.
De acuerdo con los datos presentados en el informe, esta modalidad provocó que el sector cerrara el año pasado con una actualización real de haberes de apenas el 13%, quedando la gran mayoría de los jubilados municipales bajo la línea de indigencia. Esta situación se vuelve aún más crítica al contrastarla con la última medición de la Defensoría de la Tercera Edad, que ubicó la canasta básica del jubilado por encima de los $1.824.682.
De beneficiarios a deudores del IPS
El punto de mayor alarma llegó con las últimas modificaciones normativas aplicadas en el distrito tras el decreto de Emergencia Hídrica y los posteriores cambios en la Ordenanza Complementaria. Según detalló Apraiz, las marchas y contramarchas en el cálculo de los haberes terminaron perjudicando de forma inédita a los beneficiarios.
"Esto significa que hoy, luego de tantos cambios que pasaron a partir del decreto de la Emergencia Hídrica y durante este año, ahora los jubilados y pensionados venimos a ser deudores del Instituto de Previsión Social", alertó la referente en su testimonio.
A raíz de esta "adecuación" previsional efectuada a fines de marzo, los pasivos sufrieron un recorte directo de entre el 17% y el 20% en los cobros de los meses de abril y mayo para saldar una presunta deuda con el organismo provincial, el cual —según denunciaron— aún no ha emitido información clara sobre cómo ni hasta cuándo se aplicarán estos descuentos.
Exigencia de una mesa de trabajo
Hacia el final de la exposición, el colectivo de autoconvocados apuntó a la responsabilidad compartida entre el Departamento Ejecutivo y el cuerpo de concejales que acompañó estas medidas. Ante la gravedad de los hechos, exigieron de manera urgente la apertura de una mesa de trabajo institucional y abierta que incluya a todas las partes afectadas para garantizar condiciones dignas tanto para los trabajadores activos como para los pasivos del municipio.
