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Economía

Miércoles 17 de agosto de 2022

Del plan al empleo

El gobierno lo anunciará este miércoles por DNU. El programa impulsado por Massa, buscar transformar 200 mil programas sociales en puestos de trabajo formal. Las organizaciones sociales no están conformes.

Este miércoles el gobierno nacional anunciará, a través de un DNU, un "puente al empleo" que tiene como objetivo transformar 200 mil programas sociales en puestos de trabajo formal en el sector privado. La iniciativa, impulsada por Sergio Massa desde que este era presidente de la Cámara de Diputados, no tardó en despertar suspicacias dentro de varias organizaciones sociales, muchas de las cuales están preparándose para movilizar junto a la CGT con reclamos que incluyen políticas como un Salario Básico Universal. "Esto ya se hizo mil veces", cuestionaron voceros de diferentes organizaciones, tanto oficialistas como de izquierda, que insistieron en que medidas focalizadas de ese estilo nunca podrían terminar de solucionar el problema de fondo de un mercado de trabajo que, en la Argentina, no estaría en condiciones de absorber a las más de 8 millones de personas que se encuentran por fuera del sistema formal.


El mismo día que decenas de organizaciones gremiales, sociales y populares saldrán a marchar en contra de los especuladores y remarcadores de precios, el Poder Ejecutivo sacará por decreto un proyecto largamente promovido por Massa desde sus épocas con despacho en el Congreso: el puente al empleo para los planes sociales. La iniciativa apunta a que titulares de programas sociales sean contratados por empleadores privados a cambio de que el Estado se haga cargo de una parte del salario (que es el monto del plan que percibían previamente). De este modo, el trabajador o trabajadora mantiene por un año la estabilidad del plan y, transcurrido ese tiempo, puede decidir si conservar la prestación o si optar por el trabajo formal (que incluye obra social, ART, aportes, etc). El programa aspira a incorporar 200 mil trabajadores de la economía popular en empresas que cuentan con hasta 100 empleades, apuntando así a avanzar "en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal", tal como explicaron desde el entorno de Massa.

La consigna de "puente al empleo" causó, sin embargo, una ola de desconfianza entre los movimientos sociales. Incluso entre aquellas organizaciones cercanas al Frente de Todos que, dos semanas atrás, habían celebrado la llegada de Massa al Ministerio de Economía. "La medida no es mala en sí misma, pero vemos con mucho escepticismo estas medidas que ya existen y que ya han demostrado sus limitaciones porque el problema son las limitaciones del mercado de trabajo en Argentina no la del trabajador", sostuvo Eduardo Toniolli, dirigente del Movimiento Evita y diputado nacional, que recordó que ya se habían establecido medidas similares durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri e, incluso, durante este mismo gobierno con el Potenciar Oficios. "Creemos que el esfuerzo se debe poner en jerarquizar el trabajo de la economía popular, formalizarlo, dotarlo de derechos, de créditos, de maquinaria y de herramientas de asociativismo. Hay que apuntalar los dos mundos productivos, y establecer puentes para incorporar todo lo que se pueda al empleo formal, pero eso no se genera con medidas que ya mostraron sus limitaciones", afirmó.


Tanto el Evita como otras organizaciones sociales parten de la premisa de que, en un sistema capitalista financiero, el mercado formal no están en condiciones de absorber toda la masa de trabajadores existentes, por lo que, antes de avanzar en consignas como "transformar planes en empleo real", hay que priorizar el fortalecimiento de la economía popular. "Es imposible incorporar al empleo a las millones de personas que trabajan en Argentina en condiciones de informalidad. La propuesta de subsidiar empresas para que tomen trabajadores y trabajadoras tiene muchos años. No dio resultado. No mueve el amperímetro", cuestionó Dina Sánchez, dirigenta del Frente Popular Darío Santillán. "Nosotros convertimos los planes en trabajo hace 20 años. Y nos faltan derechos. ¿Cuándo vamos a discutir eso?", demandó.


En una línea similar, el diputado de Patria Grande --pata política del MTE y el Frente Popular Darío Santillán-- Itai Hagman apuntó que había un "problema de diagnóstico": "Si alguien piensa que no hay suficiente trabajo porque hay un problema de capacitación de la gente o de falta de incentivo vinculado a la existencia de políticas sociales tiene un diagnóstico equivocado", aseguró el diputado de una agrupación que, por estos días, analiza la posibilidad de romper el bloque del FdT debido a la falta de anuncios para los sectores más empobrecidos.


"Esto es un refrito que ya se hizo 20 veces. No convence a nadie. El problema no son los planes, es la economía", cuestionó, por otro lado, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien no dudó en acusar al gobierno de "estigmatizar" a los beneficiarios de planes sociales. "Acá hay un cálculo electoral, busca caer bien después de la enorme campaña que hubo respecto a que había que hacer algo con los planes sociales. Lo único que hay que hacer es crear trabajo y se acabó el tema. Pero el problema es que no hay trabajo o hay muy poco y el que hay es de baja remuneración", apuntó el referente de izquierda.


En la vereda de enfrente, mientras tanto, el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, matizó las críticas y destacó la importancia de vincular la política social a una política productiva de trabajo. "Existe una impugnación a la política social que sostiene que son todos vagos, que son un gasto improductivo, que lo que busca es generar un consenso para legitimar un futuro desmantelamiento de toda la política social. Están preparando el terreno para el achicamiento del gasto social y, en este contexto, todo lo que tenga que ver con asociar la política social con la salida productiva y el trabajo es acertado", destacó Menéndez, quien también es subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. "Esto no quiere decir que haya que estar en contradicción con la otra agenda. Porque con esta política hablamos de incorporar a 200 mil trabajadores como parte de un preacuerdo con empresas, pero después tenés que ver qué haces con los otras 8 millones de personas que van a seguir quedando por fuera del mercado formal de trabajo", finalizó.